El Consell de Ibiza recurre ante el Supremo la Ley de Costas que arruinará a cientos de negocios

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí (PP), ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el nuevo reglamento de la Ley de Costas que ha calificado como «injusto y arbitrario» y que supone «afectar a la actividad económica de miles de personas en nuestra isla». Es el mismo reglamento que afecta a Mallorca pero aquí el pacto de izquierdas que gobierna en el Consell Insular no tiene ninguna intención de presentar recursos. Formentera, por el contrario, se ha sumado a la iniciativa del Consell de Ibiza.

Según el presidente del Consell de Ibiza, el nuevo reglamento «rompe un modelo de gestión y de negocios tradicionales y de pequeñas familias que ahora dejará en manos de la especulación”.

El nuevo reglamento, aprobado el pasado 2 de agosto, amenaza con eliminar en Ibiza y Formentera las concesiones de centenares de propietarios de negocios e inmuebles en el litoral de las dos islas, lo que conduciría al paro a más de un millar de trabajadores.

En Ibiza el número de concesiones entre particulares y empresas, incluyendo las casetas varadero, suman unas 1.500. «Son 1.500 afectados por esta reforma del reglamento», según ha explicado Axia Torres, presidenta de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, tras reunirse con el presidente del Consell Vicente Marí.

Marí ha explicado que el Consell de Eivissa ya propuso cambios en el reglamento mediante alegaciones “que no fueron atendidas” y ahora “tenemos que hacer llegar el malestar que esta norma provoca en Ibiza  sumándonos así a las reivindicaciones de los perjudicados”.

Representantes de la nueva asociación de afectados por el nuevo reglamento de Costas y de la Cámara de Comercio se han reunido este jueves con el presidente Marí y con los vicepresidentes Mariano Juan y Javier Torres, para trabajar conjuntamente en esta vía de recurso administrativo “que ahora es la herramienta que tenemos para evitar que éste reglamento acabe con una parte muy importante de nuestra actividad económica y social”.

El presidente del Consell ha remarcado que es necesario garantizar la protección del litoral de Ibiza “con la continuidad de la actividad tradicional que, lejos de dañar la costa, la cuida y protege”. “Esta ley se ha hecho desde Madrid, desde un despacho con motivos ideológicos pero sin tener en cuenta la realidad de nuestra isla. Es un reglamento perjudicial para los ibicencos” ha concluido Marí.

Por su parte, la representante de la asociación de afectados en Eivissa, Aixa Torres, ha agradecido al presidente ya los consejeros su predisposición por impulsar este recurso administrativo «que es un compromiso que refuerza nuestra lucha». Torres ha explicado que son miles los afectados por un reglamento que genera “inseguridad jurídica y que no es claro”.

Torres ha señalado que se trata de un reglamento muy complejo que intenta solucionar problemas que existen en el ámbito general, como es la lucha por el cambio climático, pero sin tener en cuenta las peculiaridades de cada uno de los diferentes lugares de la costa española, “haciendo una norma general que no define las peculiaridades de cada comunidad autónoma”.

Mientras el Consell de Formentera ha aprobado este jueves con el apoyo de todos los partidos la presentación de alegaciones al reglamento de la Ley de Costas y ha ordenado a sus servicios jurídicos la presentación de un recurso ante el Supremo.

El punto principal del nuevo reglamento de la Ley de Costas es la redefinición de lo que se considera Dominio Público. Ahora se plantean nuevos deslindes para ampliar el dominio público marítimo terrestre. De esta forma se considerarán públicos todos los terrenos dunares que no estén claramente separados de las costas. Además, a partir del dominio público ya establecido se protegerán 100 metros más hacia el interior, 500 metros en el caso de los terrenos de influencia.

Por otra parte, según ha explicado la Cámara de Comercio, se reducirá el plazo de las concesiones en la costa, aparte de que se dificulta hasta el extremo la concesión de las mismas. Con la ampliación del dominio público muchos hoteles van a ver afectadas parte de sus terrazas y piscinas, bares y restaurantes. El nuevo reglamento afecta también  todos los chiringuitos de playa.